Seguridad Social y Hacienda, están obligadas a absolver a los deudores de buena fe

Un poco de financiación y valentía podrían ser suficiente para volver a comenzar, si no fuera por el hecho de que tras una quiebra casi siempre hay deudas.

Cursos iniciados

Desde hacía unos cuatro años (en septiembre del 2015) entró en vigor la ley de Segunda Oportunidad, creada para dar una solución a aquellos pequeños empresarios y particulares que no pueden vivir por los impagos.

Esta ley no es válida para todo el mundo. Por ello, es importante que no haya antecedentes penales, que la deuda no sea mayor a 5 millones de euros y que el insolvente demuestre que es un deudor de buena fe. Desde ahí, excepto los contraídos con la Administración, todos los impagos entran en concurso.

Ahora, la situación a cambiado a causa de una sentencia del Tribunal Supremo, donde ayudan a los que se quedan atrapados la mayoría de los arruinados, que solo buscan una segunda oportunidad en la ley.

« La puerta está abierta a que las demás administraciones condonen más del 50 % de la deuda»

El Supremo se equivocó el 2 de Julio cuando corrigió esta gran limitación, al denegar  un recurso que interpuso la Agencia Tributaria contra una sentencia antes de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en diciembre del 2015. Donde se daba la razón a un arruinado, que se había acogido a la ley de segunda oportunidad pidiendo la exoneración de su deuda con Hacienda.

«De lo que se trata es de llegar a la persona que lo ha perdido todo, por culpa de haber liquidado todo su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación», declara el error, que cuestiona la redacción de esta ley, al considerar que contiene contradicciones en si misma.

El que decide no es Hacienda sino el juez.

Lo que no pretende decir la sentencia es que a partir de ahora los tribunales puedan condenar todos los créditos con Hacienda o la Seguridad Social de quienes se acojan a la ley. En cambio, se les ofrece la capacidad de exonerar una cantidad que puede llegar a superar el 70 % en algunos casos y, delimitar y cuantificar el fraccionamiento de los pagos del resto.

«Primero, el juez debe escuchar todas las partes, sobre las objeciones del plan de pagos, y sólo atender a aquellos puntos objetivos que justifiquen la desaprobación del plan», Dicta la sentencia.

«Desde este momento, el juez comunica cómo se pagan los créditos, no como diga Hacienda»

El Supremo decidió que había sido bien recibida por los bufetes especializados en estos casos. 

La puerta está abierta para las Administraciones públicas que condonan a más de la mitad de la deuda contraída. En este caso se habla del crédito ordinario y subordinado como son los intereses, recargos, sanciones y un 50 % de la cuota. Mientras que el crédito privilegiado, el deudor lo podrá abonar en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años, «…que tenga en cuenta su capacidad económica real», comenta el presidente de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento,  Juan Carlos Escarti, .

El fallo judicial marca un antes y un después en su aplicación, en la ley de segunda oportunidad. «A partir de ahora, los créditos públicos se abonan como dice la ley concursal, no como diga Hacienda o la Seguridad Social». 

Existen 218 arruinados

La comunidad con más fracasados que han solicitado acogerse a esta vía legal, es Galicia, que representa el 2,8 % del total en España. Según el gabinete legal  de Repara tu Deuda, en toda España llegan a 7.540 los casos de ruina, que en estos casi cuatro años han pedido encauzar su viabilidad.

Los obstáculos de esta ley han hecho que sean  muy pocos los abogados que acepten estos casos. «Muchas personas que han aceptado causas de este tipo no consiguen cobrar sus nóminas, lo que provoca que no quieran especializarse.», explican fuentes judiciales.

Empresas especializadas como Repara Tu Deuda han ocupado las vacantes de estos bufetes, por una pequeña cantidad de 1.500 y 5.000 euros, donde se encargan de llevar el procedimiento.

Pide una cuota de abonado la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que lleva 500 casos.